El CERMI denuncia la Ley del Aborto ante la ONU por discriminatoria

Aído, ministra de la desigualdad a ojos internacionales: el aborto eugenésico establece "un trato desigual desfavorable por causa de discapacidad", algo expresamente prohibido por la Convención.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado ante Naciones Unidas que, al legalizar la llamada la ley Aído el aborto eugenésico -por razón de discapacidad del feto-, se incurre en algo que está expresamente prohibido por la Convención de la ONU, dado que dicho supuesto supone "un trato desigual desfavorable por causa de discapacidad".

Según ha explicado el Cermi en un comunicado, ha enviado a la ONU un informe sobre derechos humanos y discapacidad en el que señala que "la discapacidad nunca puede ser un hecho relevante que permita o determine tratos desiguales contrarios a los derechos de las personas con discapacidad".

En el caso de la nueva legislación española,, hasta las 14 semanas de gestación, la decisión de abortar no está asociada a la acreditación previa de ningún estado o situación, sino que es libre. A partir de esa semana, y hasta la 22, la interrupción del embarazo ya no es libre y sólo se permite en ciertos 'supuestos' ("causas médicas"), uno de los cuales es el de la presencia de una discapacidad grave ("riesgo de graves anomalías", en la terminología de la ley) en el feto.

Comos señala el movimiento asociativo, este tratamiento especial ligado a la discapacidad es precisamente el elemento discriminatorio que mantiene la nueva legislación española y por lo que está en desacuerdo con el Tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad.

En sus informes al órgano de Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención por los Estados parte, entre ellos España, el Cermi planteará específicamente esta cuestión y pedirá al Comité de Seguimiento que determine con claridad si el mantenimiento del aborto eugenésico es compatible o no con el Tratado internacional, y en caso de que sea contrario, que inste a España a acomodar sus leyes a la Convención.