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Igualdad y Sanidad "actuarán" con el peso de los recursos de la "Alta Inspección del Estado", avisa, mientras alude a la objeción, derecho constitucional, como un "mecanismo torticero" ante el aborto.
La secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, ha asegurado que los ministerios de Igualdad y Sanidad "actuarán" con los recursos de la "Alta Inspección del Estado" sobre aquellas comunidades autónomas donde la Ley del Aborto no se cumpla "satisfactoriamente".
En declaraciones a los medios al término de su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, Martínez añadia ayer jueves en su aviso a navegantes que ambos gabinetes están ya de hecho realizando "un seguimiento de la aplicación de la ley" sobre el que se elaborará "evaluación y un diagnóstico (...) sobre la base de los datos".
"Si tenemos que actuar con algunas comunidades para garantizar que se cumplan aquellas cuestiones que no se estén cumpliendo satisfactoriamente, pues actuaremos", enfatizaba Martínez, que por contra no parecía tener celo inspector alguno en relación a si se desde las Comunidades se está cumpliendo con el ofrecimiento a las mujeres de información y alternativasa al aborto, de modo que se garantice el consentimiento informado.
Frente a ello, la secretaria general insistía en su discurso del miedo: "si desde la Alta inspección se determina que existe alguna infracción para el cumplimiento eficaz de la ley, se actuará consecuentemente con los instrumentos que la alta inspección tiene, que son muchos".
En este sentido, y frente a los avisos que se están produciendo desde la justicia tras los numeroos profesionales sanitarios que ven vulnerados sus derechos fundamentales, la secretaria general ha defendido "la literalidad de la ley", que reconoce el derecho de objeción de conciencia exclusivamente a los profesionales sanitarios "directamente relacionados con la prestación" del aborto, frente a lo que ha establecido ya, por ejemplo, el Tribuna Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha provocado que la consejería de sanidad del Gobierno Barreda haya anunciado que rectificarña y que "permitirá" la objeción de los médicos de familia, dejemos aparte que la objeción no tiene que ser reconocida por gobierno alguno, sino respetada, al ser un derecho constitucional que se ejercita y se notifica en todo caso, pero que no tiene que ser autorizado.
Ejercitar un derecho constitucional, un "mecanismo torticero"
Yendo más lejos, la dirigente socialista aludía a la todo un derecho fundamental como es la objeción como "mecanismo torticero":
"Vamos a defender la aplicación de lo que la ley dice y establece mecanismos para que no se pueda coartar el derecho a la prestación por mecanismos torticeros, por eso la norma es muy clara al decir que sólo pueden objetar aquellos profesionales que estén directamente relacionados con la prestación", añadïa.
La secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, ha asegurado que los ministerios de Igualdad y Sanidad "actuarán" con los recursos de la "Alta Inspección del Estado" sobre aquellas comunidades autónomas donde la Ley del Aborto no se cumpla "satisfactoriamente".
En declaraciones a los medios al término de su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, Martínez añadia ayer jueves en su aviso a navegantes que ambos gabinetes están ya de hecho realizando "un seguimiento de la aplicación de la ley" sobre el que se elaborará "evaluación y un diagnóstico (...) sobre la base de los datos".
"Si tenemos que actuar con algunas comunidades para garantizar que se cumplan aquellas cuestiones que no se estén cumpliendo satisfactoriamente, pues actuaremos", enfatizaba Martínez, que por contra no parecía tener celo inspector alguno en relación a si se desde las Comunidades se está cumpliendo con el ofrecimiento a las mujeres de información y alternativasa al aborto, de modo que se garantice el consentimiento informado.
Frente a ello, la secretaria general insistía en su discurso del miedo: "si desde la Alta inspección se determina que existe alguna infracción para el cumplimiento eficaz de la ley, se actuará consecuentemente con los instrumentos que la alta inspección tiene, que son muchos".
En este sentido, y frente a los avisos que se están produciendo desde la justicia tras los numeroos profesionales sanitarios que ven vulnerados sus derechos fundamentales, la secretaria general ha defendido "la literalidad de la ley", que reconoce el derecho de objeción de conciencia exclusivamente a los profesionales sanitarios "directamente relacionados con la prestación" del aborto, frente a lo que ha establecido ya, por ejemplo, el Tribuna Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha provocado que la consejería de sanidad del Gobierno Barreda haya anunciado que rectificarña y que "permitirá" la objeción de los médicos de familia, dejemos aparte que la objeción no tiene que ser reconocida por gobierno alguno, sino respetada, al ser un derecho constitucional que se ejercita y se notifica en todo caso, pero que no tiene que ser autorizado.
Ejercitar un derecho constitucional, un "mecanismo torticero"
Yendo más lejos, la dirigente socialista aludía a la todo un derecho fundamental como es la objeción como "mecanismo torticero":
"Vamos a defender la aplicación de lo que la ley dice y establece mecanismos para que no se pueda coartar el derecho a la prestación por mecanismos torticeros, por eso la norma es muy clara al decir que sólo pueden objetar aquellos profesionales que estén directamente relacionados con la prestación", añadïa.
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